5 de septiembre 2010
			Selecciona la comisión Equidad y Género Presupuesto y Cuenta Pública Derechos Humanos

 

Aquí encontrarás el apartado que dedica cada una de las fracciones parlamentarias, dentro de la agenda legislativa que tienen que presentar al inicio de cada periodo de sesiones, a los temas de derechos humanos.

Agenda Legislativa de la Fracción Parlamentaria del PRI
LXI Legislatura

Temas a tratar

Política social

• Realizaremos los trabajos legislativos necesarios para que el crecimiento económico vaya aparejado al desarrollo social, mediante una serie de medidas que mejoren, entre otros rubros, la calidad de vida, la salud, la seguridad social, la educación, la vivienda, la atención a los grupos vulnerables, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, indígenas, el cuidado del agua, el combate a los efectos del cambio climático y la preservación del medio ambiente.
• Revisaremos el funcionamiento y las facultades del CONEVAL, así como su ubicación dentro de la administración pública federal para el equilibrio de poderes, buscando la autonomía total de este consejo.

a. Salud y seguridad social

• Promoveremos la vigencia plena de la universalidad de los derechos sociales e impulsaremos la creación de un seguro por pérdida involuntaria del empleo.

b. Vivienda

• Integraremos una política pública en materia de vivienda que fortalezca a este sector en la construcción y financiamiento, para propiciar una adecuada coordinación de los tres órdenes de gobierno que garantice hogares dignos para las familias mexicanas y una estratégica planeación urbana.

c. Jóvenes y cultura del deporte

• Revisaremos la Ley del Instituto Nacional de la Juventud, a fin de que en ella se incluyan las legítimas demandas que, en materia económica, social, laboral, de salud, de esparcimiento, educación y justicia, hemos recogido de nuestros jóvenes en todo el país, durante las recién concluidas campañas políticas.
• Revisaremos la Ley General del Deporte para estimular la cultura deportiva en los tres órdenes de gobierno.
• Reglamentaremos los espacios deportivos a fin de que cuenten con facilidades para deportistas con capacidades diferentes.

d. Adultos mayores

• Fortaleceremos la oferta y gestión de programas que atiendan las necesidades de adultos mayores, para propiciar la participación de éstos en la vida económica y social en condiciones incluyentes, que los dignifiquen y redimensionen.

e. Personas con discapacidad

• Revisaremos la legislación del caso para hacer efectivos los objetivos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Capacidades Diferentes en todas las entidades federativas.
• Reformaremos los ordenamientos legales para evitar que las personas con discapacidad sean discriminadas y no cuenten con las medidas de apoyo, respeto y accesibilidad en todos los servicios públicos y privados.

f. Protección a la infancia y la adolescencia

• Estableceremos una política interinstitucional para la protección de todos los derechos de las niñas y los niños y fortalecer a las instituciones responsables de garantizar su protección, alimentación y desarrollo integral.

g. Comunidades indígenas

• Defenderemos la plena inclusión de los pueblos indígenas a los programas educativos, de salud, de desarrollo económico, deportivo, artístico y turístico, así como sus derechos a una justicia expedita, con respeto en la medida de lo razonable, a sus usos y costumbres, retomando de estos últimos lo mejor de ellos para el enriquecimiento del quehacer legislativo federal.

h. Migrantes

• Impulsaremos acciones integrales a favor de nuestros migrantes, así como de sus familias, buscando con ello elevar permanentemente la calidad de vida de nuestros paisanos.

Justicia y seguridad

• Analizaremos las políticas públicas que ha instrumentado el Ejecutivo Federal para combatir la inseguridad y garantizar la seguridad nacional. Evaluaremos el cumplimiento de sus metas y la observancia de los derechos humanos.

Democracia, gobernabilidad y Estado de Derecho

• Analizaremos, propondremos y evaluaremos las acciones legislativas que se requieran para consolidar la democracia y la gobernabilidad en el marco de una estrecha colaboración de los tres poderes del Estado Mexicano.
• Promoveremos y evaluaremos el respeto a los derechos humanos de los tres órdenes de gobierno.
• Impulsaremos la modernización de la legislación en materia de derechos humanos, con objeto de lograr el respeto y acatamiento por todas las instancias de las recomendaciones al respecto.

Agenda Legislativa de la Fracción Parlamentaria del PAN
LXI Legislatura

Temas a Tratar

PARA GARANTIZAR SEGURIDAD YJUSTICIA

Estamos comprometidos con la justicia y la seguridad publica en un marco de respeto a los derechos humanos y las libertades públicas. Acción Nacional tiene un compromiso indeclinable con la promoción y la defensa de los derechos humanos.

Vigilaremos que el presupuesto garantice una inversión que se traduzca en seguridad para los ciudadanos.

Presentaremos las leyes que desarrollen la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia recientemente aprobada, y que recoge los reclamos y las voces de una ciudadanía agraviada por el crimen organizado, la corrupción y la delincuencia en todas sus manifestaciones.
Si bien el Poder Revisor de la Constitución estableció un plazo de ocho años para implementar el nuevo modelo de justicia penal y de seguridad pública, la sociedad reclama de los poderes públicos especial empeño en expedir las leyes que consoliden, con la mayor prontitud posible, un marco institucional eficaz de procuración, impartición y administración de justicia.

En este contexto, promoveremos la homologación de los códigos penales y de procedimientos penales en toda la Republica.

Revisaremos el régimen del juicio de amparo para evitar que se utilice como un recurso para evadir la acción de la justicia.

Además de las leyes que requiere la reforma constitucional, el Grupo Parlamentario del PAN promoverá las siguientes reformas legales:

1. LEY GENERAL CONTRA EL SECUESTRO. Impulsaremos una ley para fortalecer la coordinación entre Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios, sobre todo en las tareas de inteligencia y de investigación. Asimismo, esta ley fijara bases solidas para profesionalizar a las agencias encargadas de la persecución de este delito, someter a esos cuerpos a los más estrictos controles de confianza, e institucionalizar sistemas de monitoreo ciudadano. Preverá, además, modalidades, reglas de investigación, sanciones más severas y mecanismos para la protección de las víctimas y la reparación del daño.
2. LEY FEDERAL DE JUSTICIA PARA MENORES INFRACTORES. Los propósitos pedagógicos y disuasivos del sistema penal son especialmente relevantes tratándose de menores infractores. Los niños y adolescentes merecen un trato punitivo acorde con su madurez emocional y psíquica, pero sobre todo la oportunidad de reinsertarse en la vida social. Por ello, las y los diputados impulsaran cambios legislativos para: distinguir los casos en los que, por la especial gravedad del ilícito, el menor infractor deba sujetarse a la justicia penal de los adultos; fijar procedimientos expedites para la atención de faltas cometidas por menores; mejorar las condiciones de los centros de reclusión; establecer penas alternativas a la privación de la libertad, e implementar programas de educación que desarrollen el sentido de responsabilidad de los menores.
3. LEY FEDERAL DEL SISTEMA DE EJECUCION DE SENTENCIAS PENALES. Esta ley tendrá por objeto regular los beneficios de libertades anticipadas, trabajo comunitario y la reinserción social de los sentenciados.
4. LEY PARA CONSOLIDAR EL ACCESO A LA VICTIMA U OFENDIDO AL PROCESO DE JUSTICIA. Las victimas y ofendidos de los delitos no merecen agravio adicional por la negligencia de las autoridades encargadas de la impartición, procuración y administración de justicia.
   El PAN promoverá una ley que regule las condiciones de la facultad de acción de las víctimas y ofendidos en el proceso penal, que establezca medidas de protección y de asistencia médica, así como mecanismos eficaces para la reparación efectiva del daño. Crearemos un fondo de apoyo para el pago de la reparación del daño, con recursos obtenidos de bienes decomisados. Se establecerá un marco normativo severo de responsabilidad de la autoridad ministerial ante omisiones o defectos en la salvaguarda de los derechos de las víctimas y ofendidos por delitos.
5. PERFECCIONAMIENTO EN LA DEFENSORIA PÚBLICA. Se impulsaran una revisión integral a la Ley Federal de Defensoría Publica, a fin de garantizar la calidad de la defensa pública en beneficio del ciudadano, asegurando la certificación de capacidades de los servidores públicos dedicados a esta tarea.
6. MERCADOS ILICITOS. Modificaremos las leyes penales, tanto sustantivas como procesales, para hacer más eficaz la lucha de las instituciones del Estado en contra de los mercados ilícitos, en particular de bienes del dominio de la Nación. El Grupo Parlamentario del PAN promoverá reformas para sancionar la extracción y el tráfico ilícito de combustibles y de otros hidrocarburos.
7. ESPECIALIZACION PARA LA ATENCION A LOS DELITOS CONTRA LA INFANCIA Y, EN ESPECIAL, CONTRA LA CORRUPCION DE MENORES. Se propondrá la creación de un régimen especial en el que se prevean reglas para capacitar y especializar a los Ministerios Públicos encargados de atender a las víctimas de estos ilícitos. Impulsaremos los programas de atención y prevención de victimas de trata, no solo en el ámbito de derechos humanos, sino desde la óptica de acceso a la seguridad y a la justicia. Asimismo, analizaremos la elevación de las penas corporales a los perpetradores de este delito.

Agenda Legislativa de la Fracción Parlamentaria del PRD
LXI Legislatura

Temas a tratar

Reforma Social del Estado

El PRD ha luchado siempre por un enfoque social que prioriza la situación de los y las más necesitadas. Sin duda, la gran crisis que hoy aqueja al país tiene su máxima expresión en la afectación que produce a amplios sectores sociales del pueblo trabajador del campo y de la ciudad, que son invariablemente los y las que menos tienen y padecen los peores efectos de la recesión económica. El Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura asume el mandato del Consejo Nacional de nuestro partido en el sentido de construir una Política Social vinculada a las y los Trabajadores y a los Movimientos Sociales.

Se plantean acciones legislativas concretas que contribuyan a revertir el deterioro social y a establecer un Estado de bienestar que reduzca la brecha de la desigualdad que genera marginación y exclusión social, que produce desempleo, pobreza y enfermedad, que destruye el capital humano al condenar a miles de niños, niñas, jóvenes, adultos y adultas a la miseria. Por todo ello, se respaldaran acciones que permitan vincular la política económica con la política social, a través de una reforma social, laboral y educativa que se vincule a la lucha por los derechos humanos bajo el Principio de Igualdad y no Discriminación.

El GPPRD impulsara los temas sociales más preocupantes buscando, desde el poder legislativo, dar un sentido distinto al servicio público en aspectos tales como igualdad de género, infancia", juventud, personas migrantes, personas adultas mayores, preferencia sexual, identidad sexo-genérica, personas con discapacidad; y en asuntos como medio ambiente, vivienda, salud, libertad de expresión, soberanía alimentaria y acceso efectivo a la justicia. Se incorporan conceptos como el de seguridad ciudadana, así como el reconocimiento de problemas como la trata de personas, principalmente de mujeres e infantes, vinculada a explotación sexual.

Se promoverán también cambios institucionales para eliminar las prácticas discriminatorias, el centralismo, la corrupción, la impunidad, el clientelismo, y, en contraparte, se buscara incrementar la eficiencia en la gestión pública, la transparencia, la fiscalización, la evaluación del esfuerzo gubernamental y de los impactos de las intervenciones públicas, la participación de la ciudadanía y la rendición de cuentas. Se trata de articular una política social basada en los derechos humanos con acciones simultáneas en desarrollo humano y social mediante, entre otras cosas un fuerte impulso a la inversión en infraestructura social.

Estado Laico, Derechos Humanos e Igualdad

"Ninguna política tendría sentido sin la garantía de un Estado laico, para el cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos bajo el Principio y el Derecho de Igualdad y no Discriminación. La visión de Estado que impulsa el PRD tiene en esta aspiración uno de sus ejes transversales fundamentales. Concebimos el desarrollo económico, social y político vinculado al estricto reconocimiento, respeto y defensa de Los derechos humanos consagrados en las leyes nacionales y en Los tratados internacionales suscritos y ratificados por México, de todas las personas que residen o están en tránsito por el país. Por lo tanto:

Resulta imprescindible explicitar en el texto constitucional que el Estado mexicano es laico.

• Reformar la Constitución para cambiar el término de libertad de cultos por el de libertad de Pensamiento, de Conciencia y de Religión, como lo marcan Los instrumentos internacionales de derechos humanos.
• Definir con claridad Los criterios para el registro y la relación con las asociaciones religiosas, porque la ambigua y confusa frontera entre la actuación de estas y la de distintas asociaciones civiles da cabida a una serie de abusos. Pero sobre todo, falta reforzar el carácter de la educación laica y las políticas de salud que son las que más inciden en el ejercicio de las libertades personales, origen mismo de Los derechos humanos.
• Retomar el avance de la propuesta de Reforma Constitucional en materia de derechos humanos elaborada por las organizaciones de la sociedad civil y académicas y académicos especialistas en derechos humanos, en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Los Derechos Humanos y cuyo esfuerzo alcanzo un considerable consenso entre Los grupos parlamentarios de la LX Legislatura. También se debe dar seguimiento en el Senado de la Republica a la Minuta que reforma diversas disposiciones de la Constitución en materia de derechos humanos. Dentro de Los planteamientos están los siguientes:

1. Introducir plenamente el concepto de derechos humanos en la Constitución mexicana.
2. Garantizar la más alta jerarquía y eficacia normativa a los instrumentos internacionales de derechos humanos dentro del orden jurídico mexicano.
3. Introducir explícitamente algunos derechos humanos que hasta ahora no se encuentran reconocidos en la Constitución, (asilo o Audiencia previa para la expulsión de personas extranjeras, por ejemplo).
4. Fortalecer la protección de algunos de los derechos ya reconocidos en la Constitución a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
5. Introducir la perspectiva de género, en la manera en que la Constitución protege y reconoce los derechos humanos.
6. Reforzar las garantías y mecanismos de protección de los derechos humanos.
7. Imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio.
8. Ampliar el ámbito de protección material del juicio de amparo e incluir los derechos humanos.
9. Otorgar facultades a los organismos públicos de derechos humanos para conocer denuncias sobre procedimientos administrativos en materia laboral y electoral.
10. Garantizar la autonomía de gestión y presupuestaria de los organismos públicos de derechos humanos y promover la homologación de sus facultades en todo el país.
11. Garantizar la transparencia en el procedimiento para la elección de los o las titulares de los organismos públicos de protección a los derechos humanos y sus consejos consultivos.
12. Impulsar el Dictamen que reforma el Art. 73 Constitucional y turnado a la Comisión de Justicia, donde está a la espera de su votación. Su objetivo es otorgar a las autoridades federales facultades para conocer también de los delitos del fuero común, cuando estos tengan conexión con delitos federales; o cuando por sus características de ejecución, su relevancia social o su impacto en el ejercicio de la libertad de expresión, trasciendan el ámbito de las entidades federativas.
13. Reformar el artículo 26 para agregar la igualdad de género, la perspectiva de los derechos humanos y de interculturalidad en el proceso de planeación del desarrollo nacional. Reformular el párrafo 3°, del mismo para fijar la incorporación de indicadores precisos en todos los programas presupuestarios, para evaluar y rendir cuentas del proceso y los impactos socioeconómicos, ecológicos y culturales relativos a los grupos discriminados.

Como parte de estas reformas constitucionales se deben considerar las siguientes modificaciones en materia étnico-racial y de género:

• Pugnar por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, promoviendo e impulsando una reforma constitucional que establezca expresamente el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo.
• Incluir la adopción de medidas especiales de carácter temporal a favor de la igualdad y la no discriminación.
• Adicionar una fracción X al Apartado "B" del artículo 2°, para garantizar a las mujeres indígenas, el goce pleno de todos sus derechos humanos, por encima de las tradiciones, usos y costumbres de sus pueblos o comunidades que puedan lesionarlos o menoscabarlos.
• Reformar el párrafo segundo del artículo 3°, para que la educación pública inculque una educación para la paz y la conciencia de la igualdad fundamental entre mujeres y hombres.
• Propiciar la igualdad de oportunidades educativas entre los géneros, agregando un párrafo a la. fracción segunda del artículo 4a. para que el Estado establezca igualdad de condiciones y de trato en el acceso, promoción y permanencia en todos los niveles y modalidades educativas, mediante medidas especiales de carácter temporal.
• Incorporar en el artículo 4°, la expresión de maternidad y paternidad compartida y responsable, refrendando el derecho de las personas a hacer de la procreación, un acto de libertad y responsabilidad consciente para decidir sobre el número de hijos que puedan procrear, adoptar, mantener y educar; y que el Estado vele y promueva el cumplimiento de las obligaciones de la paternidad, estableciendo medidas para garantizar la corresponsabilidad paterna y materna en el cuidado familiar, en especifico, las económicas.
• Fundamentar en la Constitución los derechos de las niñas, niños y adolescentes establecidos ya en instrumentos internacionales de derechos humanos y en la legislación secundaria, de suerte que se extienda y homologue con el resto de la legislación en la materia.
• Establecer el Derecho a la Vivienda en el artículo 4°, y garantizar el acceso de toda persona para sí y su familia a este bien. Respecto a las mujeres casadas o unidas, se propone la titulación conjunta en la vivienda popular, a fin de garantizar su protección y fortalecer sus derechos a la propiedad raíz.
• Reformar los artículos 6° y 7°, para garantizar que en la libre manifestación de las ideas no se reproduzcan estereotipos que denigren la imagen de las personas por cualquier motivo discriminatorio señalado en la Ley en la materia, y también para que se estimule una prensa y una radiodifusión sensibles a la igualdad de género y a la no discriminación, que promuevan la no violencia en contra de las mujeres y el respeto a las diferencias, en el marco de la libertad de prensa.
• Reformar el Artículo 26 y establecer un marco jurídico en materia de planeación de Estado que haga vinculante la incorporación de la perspectiva de igualdad de género, transgeneracional y no discriminatorio al plan y programas que sustentan la política de desarrollo en todos los niveles de gobierno. En lo relativo a los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas, el planteamiento se centra en:
  • Retomar la Iniciativa de reforma Constitucional del Articulo segundo, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, aprobada en el Grupo de trabajo de Federalismo y parte de los acuerdos de la CENCA, que pretende reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público así como incorporar la figura de la consulta previa, libre e informada contenida en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
  • Retomar la Iniciativa que reforma los artículos 2, 73 y 116 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, que pretende dar educación bilingüe a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas así como educación intercultural como un contenido de la educación, y que fueron aprobadas por los diferentes partidos que participaron en el Grupo de Trabajo de Garantías Sociales de la CENCA con excepción del PAN, quienes presentaron como iniciativa el conjunto de acuerdos de este grupo.
  • Legislar para el reconocimiento y respeto de la Pluralidad Jurídica en concordancia con el reconocimiento del carácter plurilingüe e intercultural de la composición de nuestra nación mexicana.
  • Impedir la aprobación de la iniciativa de Conservación y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Fitogeneticos para la Alimentación y la Agricultura, presentada por el Grupo Parlamentario del PRI. La Iniciativa pretende privatizar estos recursos así como crear condiciones de despojo de los conocimientos tradicionales que de estos tienen las comunidades y pueblos indígenas y locales a través de la figura de "contrato" y el Sistema Nacional de Recursos Fitogeneticos. En importante realizar una consulta con pueblos y comunidades indígenas así como con académicos y especialistas para la elaboración de una Ley de Protección al Conocimiento Tradicional.
  • Retomar la Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 38 y 175-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el propósito de que los partidos políticos garanticen la participación de candidatos a diputados federales a hombres y mujeres indígenas en distritos electorales indígenas así como el 10 por ciento cargos de representación proporcional federal. Ha sido dictaminada favorablemente en la Comisión de Asuntos Indígenas, CAI, falta dictamen de la Comisión de Gobernación.
  • Impulsar la Iniciativa que establezca el carácter vinculante de la normatividad internación sobre los derechos de los pueblos Indígenas, especialmente en lo relacionado al derecho a la consulta previa e informada sobre la aplicación de políticas que afecten sus derechos, sus territorios y sus usos y costumbres.
  • Crear la Ley para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
  • Reforzar los aspectos que impidan los usos y costumbres que violentan e impiden los derechos humanos de las mujeres indígenas, así como un mayor impulso a la ley en materia de lenguas indígenas y un abordaje más profundo sobre la población indígena urbana.
  • Garantizar las medidas y mecanismos adecuados para el debido proceso y el acceso a la justicia en condiciones de equidad o tomando en cuenta la singularidad de las identidades, en el caso de juicios en lenguas indígenas.
  • En importante realizar una consulta con los pueblos y comunidades indígenas así como con académicos y especialistas para la elaboración de una Legislación a favor de la protección de los recursos naturales de los pueblos indígena: minería, agua y conocimiento tradicional.

En cuanto a la discriminación racial, es preciso:

• Asegurar la generación de datos estadísticos en materia de discriminación racial.
• Instrumentar políticas públicas para los pueblos negros previa consulta e incorporar en los libros de texto gratuito el reconocimiento a la aportación de esta tercera raíz al patrimonio, historia y cultura nacional.

Resulta también imprescindible promover diversas reformas en materia de justicia militar, no solo desde la visión de seguridad y defensa, sino también desde la perspectiva de los derechos humanos bajo el concepto de seguridad ciudadana:

• Impulsar la modificación al Art. 57 del Código de Justicia Militar, en aquello que se refiere al fuero de guerra "exclusivamente", para asegurar que aquellos casos en los cuales las y los militares sean acusados de cometer violaciones de derechos humanos contra civiles, sean remitidos inmediatamente a las y los agentes del ministerio público estatal o federal.
• Crear un mecanismo integral para la reparación del daño por violaciones de derechos humanos.
• Reformar el Código Penal Federal para adecuar el capítulo sobre desaparición forzada de personas y reformar el juicio de amparo para hacer efectivo el mecanismo para dicho delito.
• Tipificar los delitos de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En el tema de la guerra sucia y delitos del pasado es básico responder a una ruta acordada entre los directamente afectados, pero de inicio, este grupo esta éticamente obligado a impedir que el resguardo de los archivos sea maltratado, extraviado o destruido.

• En este sentido no hay que olvidar que una preocupación que se ha convertido en verdadera molestia para la ciudadanía es la presencia sin control que las fuerzas armadas despliegan diariamente. Su actuar, más que asegurar los márgenes de gobernabilidad democrática demandados se han vuelto parte del problema y no de la solución. Hasta ahora el empeño por regresar las tareas de persecución delincuencial a las fuerzas policiacas han sido demasiado tibias y esta legislatura debe garantizar un plan a mediano plazo y los recursos que permitan que el ejercito regrese a sus cuarteles, sin menoscabo de la lucha que se debe dar a la delincuencia organizada y común.
• El impacto que estas posibles reformas tengan en cualquier sentido, serán básicas para el acontecer y el desarrollo de todo el marco de derechos humanos que pervive en el país. No se puede omitir que varias de las ocho Recomendaciones que fueron rechazadas por el gobierno mexicano en el reciente ejercicio de Examen Periódico Universal realizado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tienen que ver con la actuación de las fuerzas armadas, por lo tanto habría que comenzar por:
  • Solicitar al Secretario de Gobernación un informe específico con las razones fundadas de su respuesta, la posición de la Oficina de la Alta Comisionada en Derechos Humanos en México y de las Organizaciones Sociales participantes en el proceso.

La tarea de armonización legislativa es imprescindible y nos corresponde. Debido a ello, también se propone:

• Solicitar a la Secretaria de Relaciones Exteriores la compilación mas actualizada de Recomendaciones en materia de derechos humanos que han derivado no solo del Examen Periódico Universal sino de todos los demás mecanismos internacionales y regionales de los que el país es parte. Se requiere esta lista para programar su realización en conjunto con la sociedad civil organizada.
• Retirar las reservas y declaraciones interpretativas con el fin de permitir que los tratados internacionales en la materia cumplan cabalmente con su objetivo de proteger los derechos humanos, que actualmente se encuentra en el Senado.
• Varias de ellas tocan los temas que atañen a distintos grupos en situación de discriminación. Es necesario también que las comisiones y grupos parlamentarios se involucren de la discusión que gira en torno a las metodologías que se están desarrollando para establecer los indicadores que permitan vigilar el cumplimiento de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. En particular, el Principio transversal de Igualdad y no Discriminación requiere.
• Reformar la Ley de Planeación a fin de dar una participación adecuada a las tareas del Poder Legislativo y del Poder Judicial en la elaboración y rendición de cuentas del Plan Nacional de Desarrollo desde la perspectiva de los derechos humanos, ya que varios mecanismos internacionales piden una atención integral en la materia a través de planes nacionales. La actual Ley de Planeación solo obliga al Ejecutivo Federal y no permite intervención de otras instancias necesarias para la armonización legislativa, como para la impartición de justicia, la vigilancia ciudadana, etc., de tal manera que es necesario hacer una iniciativa al respecto.
• Establecer en el marco jurídico en materia de planeación la incorporación de la perspectiva de la igualdad de género a los planes y programas que forman la política de desarrollo en todos los niveles de gobierno.
• Impulsar la reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación a fin de dotarla de herramientas que avancen en la garantía de exigibilidad, que prevean como delitos a las conductas de discriminación graves y a las conductas leves como faltas administrativas reprochables jurídicamente ; que establezca un procedimiento sancionador eficaz, así como que se reconozcan y distingan las acciones afirmativas contra la discriminación y se garantice un procedimiento de designación transparente de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
• Ampliar la visión que priva en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación a fin de darle una integralidad y una mayor inclusión a la lucha contra la discriminación, así como reforzar los estudios e instrumentos que permitan mejorar el análisis de sus vínculos con otros fenómenos sociales como son el de la pobreza y la desigualdad económica, tal es el caso de una nueva Encuesta Nacional de Discriminación.
• Impulsar las distintas iniciativas que tengan como fin, castigar la discriminación y la impunidad, así como la que busca incluir la tipificación y federalización de los delitos motivados por el odio. Se deben hacer todos el esfuerzos por abatir el carácter de Estado selectivo que la derecha ha dado a la agenda de la no discriminación, por la cual personas y grupos específicos han sido excluidos, como son quienes integran la diversidad sexual y genérica.
• Apoyar las tareas que se emprendan para sancionar la publicidad y contenidos en los medios de comunicación que promuevan la discriminación y el odio, los estereotipos y prejuicios en contra de cualquier sector de la población.
• Existe acuerdo general en el grupo parlamentario por trabajar a pulso por los derechos humanos de las mujeres para revertir las reformas que sostenidas en estereotipos, en el prejuicio y el estigma hacia ellas, pretenden anular el derecho que les asisten para decidir sobre su propio cuerpo. En tal sentido se deben continuar y reforzar las medidas para verificar y evaluar los mecanismos para la igualdad entre hombres y mujeres, como son CEDAW y Belem do Para, y para ello se requieren principalmente reformas a leyes, o bien decretos y puntos de acuerdo tendientes a:

• Revertir el avance de las reformas que vulneran y obstaculizan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que se han realizado en diversas entidades del país y frenar los intentos para que se sigan impulsando en el resto del territorio nacional.
• Defender el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a través del impulso de iniciativas de ley y/o de reformas a los ordenamientos jurídicos que garanticen su derecho a decidir de manera libre e informada en todas las entidades federativas del país.
• Reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para especificar mejor el procedimiento de la Alerta de Genero, para establecer con mayor claridad el Modelo de Erradicación y para revisar el tema lésbico.
• La armonización de los Códigos Civiles y Penales de México con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.
• Impedir que prospere la intención de establecer una definición de niñez, obligatoria para todas las políticas públicas y en general, cualquier medida dirigida a criminalizar el aborto;
• Establecer la vigilancia legislativa sobre el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como sobre el Banco Nacional de Datos sobre la Violencia hacia las Mujeres y los programas de capacitación en seguridad pública y procuración de justicia.
• Reformar la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a fin de profundizar en la institucionalización de la igualdad entre mujeres y hombres en las políticas públicas y crear mecanismos para la transparencia, rendición de cuentas y evaluación de estas políticas.
• Mención especial merece la necesaria reforma que prohíba la esterilización forzada hacia las mujeres indígenas y afromexicanas, ya que es una reiterada recomendación internacional que no ha sido atendida y, sobre todo, debe atenderse de manera muy especifica la situación de violencia que viven las mujeres indígenas en zonas de conflicto armado, ya sea a manos del ejército, de grupos paramilitares, de la delincuencia organizada o de sus mismas comunidades.
• Solicitar previo a su publicación la versión del Programa Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
• Revisar la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y requerir un Reglamento para los Reclusorios que se apegue a los estándares internacionales de derechos humanos y bajo la perspectiva de género, a fin de que se atienda la especificidad de las mujeres reclusas y sus familiares.
• Impulsar una Ley General de Trabajo en el Hogar, o bien reformas a la legislación laboral en este tema;
• Aprobar la Ley para la Protección de las Madres solteras, que contempla la pensión universal para madres solteras.
• Aunque la Constitución Política inicia con la universalidad de los derechos anteponiendo el Principio y Derecho a la Igualdad y no Discriminación, lo mismo que todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, permanecen aun varios rezagos en el orden jurídico nacional que ignoran o afectan a distintos grupos de los señalados en el Artículo Primero de la Carta Magna y que requieren entre otras acciones legislativas las siguientes:
• Impulsar a nivel nacional las iniciativas tendientes a mejorar el marco normativo para responder a la diversidad de acuerdos familiares existentes en el país, así como las políticas sociales y productivas que les permitan integrarse de manera incluyente.
• Reformar las leyes de Seguridad y Previsión Social, para garantizar el acceso a las familias organizadas a partir de las uniones civiles, como son las sociedades de convivencia y los pactos de solidaridad, a los derechos regulados en dichas leyes y hacer los esfuerzos posibles para su aprobación;

Replantear el orden jurídico actual en materia de infancia y adolescencia para crear una Ley General sobre Infancia.

• Ingresar al texto constitucional el "concepto interés superior del niño Incluyendo en la Constitución el reconocimiento de niñez a quienes son menores de 18 anos, en el Artículo 4to Constitucional.
• La armonización de los Códigos Civiles y Penales de México con los tratados internacionales en materia de derechos de la infancia.
• Incorporar el derecho al honor y la intimidad de niñas, niños y adolescentes en el artículo 4to Constitucional.
• Aunque apenas se comienza a reconocer el estrecho vínculo que existe entre la discriminación y la pobreza por una parte y la discriminación y el cambio climático u otros fenómenos ecológicos, lo cierto es que el país debe desarrollar políticas en donde no solo priven los aspectos técnicos sino también los económicos y los culturales. Urge comenzar a preparar a la población en materia de los derechos ambientales cuya precaria situación es claramente desigual en materia de género, étnico-racial, generacional, por discapacidad e incluso es discapacitante, a las personas con VIH o migrantes, ya que todos ellas están más expuestas, disponen de menos recursos e información para movilizarse en políticas de adaptación y mitigación.
• Es necesario impulsar las iniciativas legislativas y de gestión que contribuyan a proporcionar las herramientas legislativas que permitan garantizar el cumplimiento de las normas internacionales en materia de VIH/sida, así como de las políticas integrales para prevenir y revertir la pandemia, que consideren la indispensable focalización de las poblaciones más afectadas.
• Los derechos sexuales requieren de una mirada integral de la sexualidad humana que reconozca el género y las relaciones de poder que impiden el bienestar personal y social. Su admisión como parte de los derechos humanos implica trabajar en el establecimiento de un sistema para la evaluación y seguimiento, entre otras cosas, de las implicaciones que tienen los cambios en las leyes y en las políticas relacionadas con el los. El acceso a la educación y a los servicios vinculados al ejercicio de la sexualidad sin estigmas e independientemente del nivel de ingresos, así como la prevención y combate a todas las formas de violencia relacionadas con la sexualidad principalmente las que se ejercen contra niñas, niños, mujeres y la disidencia sexual requieren de acciones que la visibilicen como un problema de salud pública.
• En los programas de salud sexual y reproductiva es necesario hacer explícita la definición de trabajo que la Organización Mundial de la Salud de los derechos sexuales. Impulsar la creación del Instituto Nacional de Educación de la Sexualidad, propuesta en la LX Legislatura.
• Resulta impostergable el trabajo para la aprobación de mecanismos legales que sean acordes con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia en materia de Identidad Sexo-genérica, así como los necesarios para, que el principio de derecho a la salud sea efectivo para las personas transexuales, transgénicos, travestis e intersexuales.
• La falta de lineamientos concretos que definan las facultades y los responsables en la identificación, protección y asistencia a las víctimas del delito de trata de personas, así como de las acciones para su prevención, mantienen la incertidumbre que rodea a este problema a pesar de que exista una Ley y un Reglamento recién aprobado, pero cuya efectividad es dudosa, sobre todo porque se careció de un proceso que incluyera satisfactoriamente a las organizaciones de la Sociedad Civil especialistas en este delicado asunto. Es necesario volver a insistir en los cambios reglamentarios que refuercen la intervención social, que definan correctamente la condición de víctima, que reduzcan la discrecionalidad para convocar a las organizaciones sociales, para que se especifique la fecha exacta en que se debe publicar y comenzar la instrumentación del Programa Nacional, los mecanismos concretos para su seguimiento y evaluación, asegurar los recursos financieros necesarios, atención a las víctimas, entre otros importantes aspectos que no se desarrollaron en forma adecuada.
• Buscar que la Cámara de seguimiento y formule las excitativas procedentes para que estos delitos sean investigados, garantizando la condena y castigo a los tratantes de personas incluidos los funcionarios públicos cómplices.
• Impulsar la creación de la Procuraduría del Migrante y reformas a distintas leyes que permitan y garanticen la vigilancia social de las estaciones migratorias.
• Legislar en materia de refugio, asilo y apátridas para regular el proceso de reconocimiento de dichas condiciones y brindarles atención y protección, dando respuesta a los instrumentos internacionales que el país ha firmado con relación a esta problemática.
• Normar las facultades otorgada al Poder Ejecutivo, hasta ahora discrecional, de expulsar a las personas extranjeras.
• Garantizar la seguridad de las y los defensores de derechos humanos. En el mismo sentido es imprescindible revisar la Ley Federal de la Defensoría Publica.
• Establecer en el Código Penal Federal los delitos cometidos contra la libertad de expresión ejercida mediante la actividad periodística y establecer medidas efectivas que permitan garantizar el libre ejercicio de esta profesión. Para ello se dará seguimiento a la Minuta turnada a la Cámara Alta y se continuara el trabajo relativo a la reforma del artículo 73, fracción XXI, que se encuentra en la Comisión de Justicia.
• Dar acompañamiento a los casos de agravios presentados ante la Comisión Especial de Delitos contra Periodistas, así como coadyuvar a generar las condiciones para la creación del Comité de Protección a Periodistas.
• Impulsar un sustantivo avance en la armonización legislativa de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, entre otras cosas obliga a implementar acciones afirmativas.
• Aprobar la iniciativa que propone la instrumentación del lenguaje de señas en los noticieros nacionales y en los avisos de protección civil.
• Crear un apartado especifico en la Ley de Radio y Televisión donde se reconozca la libertad de operar y el derecho al acceso del espacio radioelectrónico a las Radios Comunitarias Indígenas y no Indígenas.
• Garantías de inclusión en la sociedad de la información que requieren conectividad, equipamiento y calidad en la información.
• Impulsar una política de Estado que permita garantizar una estrategia relativa al envejecimiento que cumpla con los estándares internacionales;
• Impulsar la aprobación de la Ley de Pensión Universal para las Personas de Setenta Años de Edad o más, para ser implementada en todo el país.
• Impulsar la regulación del trabajo de las Personas Adultas Mayores.
• Promover la discusión y en su caso, la aprobación en el Senado de la Republica de la Convención Iberoamericana de las y los Jóvenes.
• Garantizar el Derecho a la Asociación Sindical de las y los jóvenes.
• Respetar los espacios culturales, fortalecer los deportivos y de reunión o esparcimiento que los y las jóvenes han creado y sus manifestaciones, libres de cualquier criminalización o estigma.
• Impulsar la creación de la Ley General de las y los Jóvenes y homologar los criterios sobre el rango de edad para efectos de la garantía de sus derechos humanos.

Por último, pero no menos importante, se tienen las siguientes tareas en materia de derechos humanos:

• El Grupo Parlamentario del PRD se manifiesta totalmente en contra de la pena de muerte.
• Se deben impulsar marcos legales para garantizar el derecho de las personas a bien morir a través de la manifestación de la voluntad anticipada.
• En vísperas de la elección que deberá hacer el Senado de la Republica del relevo de la Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se propone gestionar la realización de un Foro de aspirantes a ocupar el puesto, garantizando un amplio respaldo de la sociedad civil, colocando la necesidad de un perfil adecuado para estar al frente de esta institución, basado en la experiencia y conocimiento en la materia, con un reconocimiento público amplio, clara independencia de los partidos políticos.

Política Exterior

Pensamos que el Congreso de la Unión, y en su momento, la sociedad en su conjunto deben tener mecanismos claros para intervenir en el diseño de política exterior de México, sobre todo en lo que se refiere a los temas que son esenciales y estratégicos para el desarrollo y la viabilidad de nuestro país. Por ello se propone:

• Reformar el artículo 133 constitucional, para establecer que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, tengan jerarquía constitucional y prevalezcan en el orden jurídico interno del país.
• Establecer una Comisión Bicameral de legisladores encargada de dar seguimiento puntual a los acuerdos y compromisos derivados de la denominada Iniciativa Mérida y el Acuerdo para la Seguridad y el Progreso de América del Norte, ASPAN.
• Constituir una Comisión Bicameral de legisladores encargada de cabildear con el Congreso estadounidense una reforma migratoria integral que beneficie a los trabajadores migratorios mexicanos.
• Reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el fin de promover adecuaciones al marco legal que rige el voto de los mexicanos en el exterior y ampliar la participación de dichos ciudadanos en todos los niveles de representación popular.
• Impulsar una Ley de Protección y Apoyo a Migrantes y sus Familias, con el fin de garantizar los derechos de protección y atención a la población migrante mexicana.

Agenda Legislativa de la Fracción Parlamentaria del PVEM
LXI Legislatura

Temas a tratar

SISTEMA PENITENCIARIO

La sobrepoblación penitenciaria es una de las principales causas de la crisis de la readaptación social y de la seguridad en México, ya que genera problemas de sobrecupo, hacinamiento y promiscuidad, circunstancias que contribuyen a no corregir al ser humano que ha delinquido.
En consecuencia, además de los efectos de la sobrepoblación carcelaria, debemos reconocer que los reclusos no están sujetos a auténticos procesos de readaptación, toda vez que el trabajo y la educación son optativos, por ello, Impulsaremos una reforma constitucional para que el trabajo en las cárceles sea obligatorio con pleno respeto a los derechos humanos de los reclusos.

Agenda Legislativa de la Fracción Parlamentaria del PT
LXI Legislatura

Temas a tratar

Derechos humanos

El respeto y cumplimiento de los derechos humanos en su acepción más amplia (derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, étnicos y para las minorías) deben ser la parte medular del nuevo diseño del Estado mexicano, estableciéndolos en la nueva Constitución con mecanismos claros que lleven a su cumplimiento y exigibilidad.

I. DERECHOS HUMANOS, ECONOMICOS, SOCIALES, CULTURALES, AMBIENTALES Y DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Nuestro país no tendrá paz social, democracia ni Estado de derecho, mientras los derechos económicos, sociales, culturales, al medio ambiente, a la equidad de género y a los derechos colectivos de los indígenas en México no sean una realidad. Necesitamos una Constitución normativa, cuyos postulados se verifiquen en los hechos. Para ello proponemos, no solamente el aumento de recursos en el Presupuesto de Egresos para atender estos derechos o, la existencia de programas universales que atiendan su satisfacción, sino medidas adicionales que garanticen la justiciabilidad de los mismos tanto a los individuos como a los grupos sociales, incluyendo al sector informal y a la población que no tiene un trabajo remunerado.

Proponemos:

• Establecer la jerarquía constitucional de los Tratados de derechos humanos y la conversión en derecho interno de los instrumentos internacionales signados y ratificados por México. Sistematización y ampliación del capítulo de derechos humanos: genero, grupos indígenas, capacidades diferentes, preferencias sexuales.
• Reformar la Constitución para que comprenda el principio pro personae (que la justicia favorezca a la persona) y ampliar el de no discriminación. Establecer la obligación del Estado para ejercer acciones afirmativas para el cumplimiento efectivo de condiciones de equidad.
• Incluir el ejercicio colectivo de todos los derechos humanos y la transversalidad de la equidad de género, la no discriminación, el desarrollo sustentable y la interculturalidad. Reivindicar el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad.
• Reconocimiento constitucional y exigibilidad de todos los derechos sociales: alimentación, agua, salud, seguridad social, educación, trabajo, vivienda, cultura, deporte, medio ambiente e información; ello por medio de tribunales, acciones jurisdiccionales y procedimientos ante órganos judiciales.
• Establecer el derecho a una alimentación suficiente, adecuada, saludable y asequible, con un alto nivel nutricional. El Estado deberá promover la soberanía alimentaria.
• Establecer el derecho de las personas y colectividades a acceder y disponer de agua potable suficiente para el uso personal y domestico.
• Establecer el derecho universal a servicios de salud y a la seguridad social
• gratuitos y de calidad, que incluyan la distribución de medicamentos, la atención terapéutica y la medicina alternativa y tradicional.
• Asimismo, integrar un sistema nacional de salud (IMSS, ISSSTE e institutos estatales) para asegurar cobertura y calidad; descentralizar su operación hacia las entidades para lograr la mayor eficiencia y alcance.
• Universalizar los servicios de seguridad social (incluyendo centros de desarrollo infantil y estancias para personas adultas mayores) y redefinir la responsabilidad del Estado en un régimen de pensiones justo y equitativo. Eliminación de la figura de subrogación de los servicios. Revertir, en lo inmediato, las reformas a la Ley del Seguro Social y del ISSSTE, para recuperar el modelo solidario y subsidiario en pensiones y jubilaciones.
• Como parte del derecho a la educación, reforzar la calidad y laicidad de los servicios educativos públicos, impulsar la descentralización, la democratización y la participación de los padres de familia y los educandos en el proceso educativo.
• Reformar el artículo 3° para universalizar la educación inicial e instituir una estricta coordinación del sistema de centros de desarrolla infantil.
• Fortalecer la facultad del Estado para garantizar el ingreso y permanencia en el sistema educativo público. Ampliación de matrícula, becas, alimentos, libros, útiles, uniformes, horarios, espacios escolares e infraestructura. Prohibición de las cuotas obligatorias.
• Instaurar el carácter obligatorio de la educación media superior y el deber del Estado para garantizar el carácter universal de la educación superior.
• Implantar el derecho al deporte y a la recreación, como elementos fundamentales de la formación humana.
• Reformar la Constitución para que el Estado destine anualmente al menos el 2 por ciento del PIB para ciencia y tecnología.
• Garantizar el derecho a un trabajo digno. Revisión del régimen de los salarios mínimos y desaparición de la Comisión respectiva; establecimiento de un órgano del Congreso para fijar tanto los salarios mínimos, como los máximos. Crear el salario social y el seguro de desempleo.
• Cumplimiento efectivo del derecho a la contratación colectiva y eliminación de los denominados "contratos de protección", que violan los derechos laborales. Instaurar la participación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas.
• Respeto irrestricto a la democracia y autonomía sindicales. Voto universal y secreto para la elección de dirigentes. Respeto al derecho de huelga y abolición de topes salariales.
• Garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, que cuente con los servicios básicos. Establecer en la ley la obligación del Estado para asegurar que sea accesible (por medio de créditos públicos baratos y suficientes para la demanda existente) y que sea construida de acuerdo a criterios de desarrollo sustentable y ordenamientos territoriales y ecológicos.
• Fortalecer los mecanismos necesarios para apoyar las diversas modalidades de producción social del hábitat y la vivienda, con especial atención a los procesos autogestionarios; individuales y colectivos.
• Reformar la legislación relativa a INFONAVIT y FOVISSSTE para ampliar el acceso al crédito para vivienda, respetar los derechos de los acreditados al usufructo de sus aportaciones aun cuando cambien o pierdan el empleo y en caso de cartera vencida, respetar el derecho del tanto. Desvincular a la banca privada de la inversión en vivienda social. Que el Infonavit sea sujeto de la fiscalización superior conforme a la nueva Ley de Fiscalización.
• Garantizar el derecho colectivo e individual a la identidad cultural y a participar en los bienes, servicios, manifestaciones, expresiones y herencias que definen la cultura, incluyendo el patrimonio intangible.
• Asegurar el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, lo que implica que toda actividad humana se inscriba en los criterios del desarrollo sustentable, para satisfacer las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras. El Poder Legislativo debe asumir la tarea de evaluar y actualizar la legislación con base en indicadores y normas internacionales.
• Legislar sobre un régimen especifico sobre los mega proyectos que tengan un alto impacto sobre el medio ambiento e involucrar al Congreso para su supervisión.
• Que el Congreso asuma la responsabilidad de supervisar las acciones públicas, privadas y sociales contra la contaminación y el cambio climático.
• Revisar la efectividad de la Ley de Bioseguridad para asegurar la protección de nuestra diversidad biológica, cultural y soberanía alimentaria.
• Impulsar una reforma constitucional y legal que reivindique la propiedad de la Nación sobre el espacio radioeléctrico. El Estado garantizara el derecho de las personas y colectividades para generar, transmitir, recibir e intercambiar información mediante el acceso universal a los sistemas de telecomunicación, incluido Internet, que debe ser gratuito.
• Acerca de los pueblos indígenas, pugnar por la aplicación inmediata de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar. Incorporar en la legislación nacional todas las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales de las Naciones Unidas. Todo ello requiere abarcar los temas de recursos naturales, medios de comunicación, lenguas indígenas como oficiales, personalidad jurídica de las comunidades, participación política, derecho a la consulta, sistemas jurídicos y solución de conflictos internos.

Agenda Legislativa de la Fracción Parlamentaria del CONV
LXI Legislatura

Temas a tratar

POLITICA EXTERIOR DEMOCRATICA

México tiene que postular una política exterior democrática, congruente con las necesidades de la política interna del País y apegada a los principios de la tradicional política exterior establecidos en la Constitución.

Para avanzar en la vigencia de nuestros principios y de la concepción de soberanía consagrados en la Constitución, como un asunto de la mayor importancia, abordaremos lo siguiente:

1. Establecer una política exterior de Estado que descanse sobre el inalienable derecho del pueblo mexicano a defender su soberanía.
2. Promover y apoyar las iniciativas internacionales a favor de la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos; así como el desarrollo equitativo, incluyente y sustentable.
3. Proteger los intereses de los mexicanos en el exterior; sobre todo, los derechos de los trabajadores migrantes, en particular, buscando un acuerdo migratorio con los Estados Unidos de América y buscando regular las transferencias de que envían al país.
4. Promover una reforma que haga reciproca la solicitud de requisitos, como la visa, para ingresar a territorio nacional cuando otro Estado exija el mismo requisito, procurando no afectar los intereses del turismo internacional. (Principio de reciprocidad).

XL ACCIONES INMEDIATAS En relación con lo antes expuesto, y con el fin de hacer posible las propuestas antes referidas, Convergencia propone las siguientes reformas:

1. Reformas en materia judicial a la ley federal contra delincuencia organizada; estableciendo límites y competencias a los órganos de procuración de justicia, con estricto cumplimiento a los derechos humanos. Al Código Penal Federal y Código Federal de Procedimientos Penales., a fin de que se garantice los principios de legalidad consagrados por la constitución respecto a los derechos del acusado, de la víctima del delito y las facultades y competencias de los órganos investigadores y administradores de justicia; permitiendo una mayor expedites en los procesos penales y adecuando debidamente el sistema de la oralidad a las necesidades de nuestro Pals.
2. Revisar el sistema de readaptación social, a fin de mejorar las condiciones de vida de aquellas personas sujetas a prisión preventiva y de aquellas personas que se encuentran purgando una sentencia.
3. Revisar la conveniencia o no de la excesiva implementación de la pena de prisión en diversos delitos así como el agravamiento de la misma, buscando alternativas al resarcimiento del daño cometido a la sociedad por el sujeto que delinque, (en el caso de delitos considerados no graves o de bajo impacto social).
4. Revisión de la Ley que regula el Uso de la Fuerza Pública por los integrantes de las instituciones de seguridad pública a fin de dotar a los cuerpos policiacos de mejores instrumentos en la ejecución de sus funciones públicas, con estricto respeto a los derechos humanos.
5. Reformas a la Ley Federal del Trabajo, ampliando los derechos laborales de los trabajadores y estableciendo mejores mecanismos de coordinación y cooperación patrón-trabajador en el crecimiento de las empresas.
6. Fortalecer el sistema nacional de protección de los derechos humanos, promoviendo mayores facultades a la Comisión de los Derechos Humanos y creando instituciones que permitan velar por intereses difusos o la llamada cuarta generación de los derechos fundamentales, tales como el derecho al medio ambiente, el derecho a la integración y respeto de las costumbres indígenas, entre otros.

Agenda Legislativa de la Fracción Parlamentaria del NA
LXI Legislatura

Temas a tratar

Agenda de la niñez y adolecía mexicana.
Derecho a la Infancia: crecer, jugar y desarrollarse.

De conformidad con la Convención sobre los Derechos del Nino ratificada por México el 21 de septiembre de 1990, es obligación del Estado mexicano; adoptar entre otras, medidas legislativas para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el pleno ejercicio de sus derechos.

La situación de la niñez y adolescencia ha mejorado considerablemente durante las últimas décadas; sin embargo, aún queda mucho por hacer, en particular con la población indígena, pues de acuerdo con informes de UNICEF México, este sector representa la población con mayores carencias en el cumplimiento de sus derechos fundamentales.

La agenda de la niñez y adolescencia mexicana para la LXI Legislatura, se integra de una serie de medidas especiales tendientes a respetar, pero sobre todo a garantizar eficazmente sus derechos en situaciones de desventaja y de particular vulnerabilidad.

Los integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, reconocemos que a partir de los principios fundamentales de Supervivencia y Desarrollo, No discriminación, Interés Superior del Nino, y, Participación, contenidos en la citada Convención, debe asegurarse la protección y cuidado necesarios para el bienestar y el ejercicio de los derechos plenos de nuestra niñez y adolescencia mexicana.

De igual forma, compartimos el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que cualquier violación de derechos humanos resulta especialmente grave cuando se trata de un niño.

La LXI Legislatura, debe asumir el compromiso de reconocer el derecho a la protección especial de la niñez y adolescencia mexicana, como un derecho adicional o complementario, de conformidad con el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos convencidos que la familia, la comunidad y la escuela son esenciales para coadyuvar en el proceso de solución de las desigualdades que viven niñas, niños y adolescentes mexicanos.

La primera infancia constituye una etapa fundamental en el proceso y desarrollo de la formación de la personalidad, por ello la atención, el cuidado y la educación de los niños en estas edades reviste una importancia crucial. Es por eso que en la mayoría de los países, en unos en mayor grado y nivel de atención que en otros, se promueve un sistema de influencias educativas organizado y dirigido a la formación de estos niños que están en esta edad tan significativa de la vida.

Como parte de la promoción de un concepto de educación que impulse el desarrollo de las facultades, habilidades y destrezas del ser humano, mismas que permitan un desarrollo armónico, integral y libre; el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, ha contemplado acciones legislativas como la realización de un Programa encaminado a integrar a diversos sectores de la sociedad en el proceso de construcción y consolidación de una verdadera reforma estructural al sistema educativo mexicano, que tendrá como objetivo identificar y promover el concepto de resiliencia niñez y adolescencia mexicana, como una capacidad del ser humano para afrontar las adversidades de la vida, superarlas e, inclusive, ser transformado por ellas.

Agenda Constitucional

La ley Suprema de toda nación es la norma fundante del sistema jurídico, porque regula las relaciones que se dan entre los poderes; la que se presenta entre la Federación y las Entidades Federativas que conforman el pacto federal y sobre todo, la que se entabla entre los gobernados y las autoridades, sean estatales o federales. En síntesis, la Carta Política es quien imprime cohesión y congruencia al Estado mexicano.

En Nueva Alianza estamos conscientes de los lamentables hechos que se han presentado en Acteal, Atenco, Oaxaca y Hermosillo, sobre todo lamentamos profundamente este último caso donde 49 niños perdieron la vida. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho uso de la facultad que le confiere nuestra Norma Fundamental para que investigue cuando se han presentado violaciones graves a las garantías individuales; sin embargo no existe el mecanismo jurídico para que las resoluciones de nuestro Máximo Tribunal sean en el sentido de que pueda sancionar, cuando el resultado de la indagatoria sea positive En tal virtud crearemos e impulsaremos una reforma constitucional y legal para que se sancione con todo rigor a las autoridades que en el uso y abuso del poder público violenten gravemente los derechos fundamentales de las personas.

En los tiempos actuales, las democracias modernas amplían la participación ciudadana en la toma de decisiones que involucran a toda la nación, en ese sentido nuestro país no debe quedar a la zaga, por lo tanto impulsaremos las reformas constitucionales para la incorporación del referendo y el plebiscito a la Carta Magna.

México ha signado distintos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, sin embargo diversos organismos internacionales se han manifestado en el sentido de que en nuestro país existe una tendencia a violentar los derechos humanos de las y los ciudadanos, sobre todo en los operativos que las autoridades realizan en el combate a la delincuencia organizada. Por ello promoveremos una reforma a nuestra Constitución para dotar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la facultad de iniciativa, particularmente en esa materia.

Mucho se ha debatido sobre el abuso del arraigo domiciliario por parte del Ministerio Publico debido a que esta figura genera en los ciudadanos inseguridad jurídica, Io que confronta a los artículos 14 y 16 de nuestro Texto Constitucional ya que basta cualquier indicio e incluso es suficiente una llamada anónima para que el Ministerio Publico solicite al Juez una orden de arraigo por 40 días con opción a que dicho termino se duplique, y este ultimo de manera generosa Io conceda.

El arraigo obliga a la persona en contra de quien se prepara el ejercicio de la acción penal, a permanecer en un domicilio bajo la vigilancia de la autoridad investigadora y persecutora, Io que trae como consecuencia la inmovilidad de su persona en un inmueble, por tanto, es un acto que afecta y restringe la libertad personal. El problema es que las estadísticas arrojan que la mayoría de los arraigos terminan en el no ejercicio de la acción penal, con los consiguientes danos perjuicios que sufren este tipo de medidas.

En tal sentido el Grupo Parlamentario Nueva Alianza revisaremos esta figura jurídica y propondremos mas requisitos para que se decrete el arraigo a un ciudadano; ya que uno de los requisitos para que el Juzgador lo otorgue, es que exista el riesgo fundado de que el indiciado se sustraiga de la justicia, sin embargo en la práctica no se colma dicha exigencia legal por parte de la Representación Social que de manera indiscriminada hace uso de ella. En Nueva Alianza consideramos que Arraigo sí, pero con mayor certeza jurídica.

Agenda International
Diversificación de las Relaciones Internacionales

En lo concerniente al Plan Mérida, en Nueva Alianza continuaremos apoyando los esfuerzos realizados por nuestro país en materia de derechos humanos, a fin de disipar la posibilidad de que los recursos esperados para abatir el narcotráfico sean congelados.1 Debemos apelar al acuerdo firmado con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México y hacer mayor énfasis en el trabajo realizado por la división general de DH de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA).

Aunado a lo anterior, vigilaremos el pleno respeto a los acuerdos derivados de la Cumbre de Líderes de América del Norte, realizada en Guadalajara, México, los días 9 y 10 de agosto del presente ahí -a la que acudieron los presidentes de Estados Unidos y México, así como el Primer Ministro canadiense-, entre los que destaca el compromiso de trabajar estrechamente con la Organización de Estados Americanos (OEA) para encontrar una solución pacifica, no solo en el asunto de Honduras tras el golpe de junio pasado, sino en los futuros conflictos o controversias que pudieran haber entre los países del continente.

En este mismo tenor, como Grupo Parlamentario proponemos retomar el espíritu inicial de uno de los mayores avances en la relación entre México, Estados Unidos y Canadá: la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, firmada en 2005 con el propósito de aumentar la seguridad, la prosperidad y la calidad de vida de las personas; asunto igualmente abordado en la Cumbre antes citada.